La región fronteriza entre Colombia y Venezuela ha sido testigo de una escalada de violencia sin precedentes a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han intensificado sus ataques en la región del Catatumbo, generando una catástrofe humanitaria que ha desplazado a miles de personas y dejado decenas de muertos. Estos conflictos han destacado la falta de protección para la población civil, quienes se ven atrapados en el fuego cruzado de guerras por el control territorial y la influencia en el lucrativo negocio del narcotráfico.
Contexto del Conflicto
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una región estratégica tanto para la producción de cocaína como para el tráfico de drogas. Desde 2018, el ELN y las disidencias de las FARC habían mantenido un “acuerdo de coexistencia armada”, pero en enero de 2025, el ELN lanzó una ofensiva para expulsar a las disidencias de la región. Esta nueva dinámica ha desencadenado una grave crisis humanitaria, exacerbada por la ausencia de medidas eficaces para proteger a los civiles.
Consecuencias del Conflicto
Desplazamientos y Víctimas
La violencia ha forzado a más de 56.000 personas a abandonar sus hogares, unas 32.000 de las cuales se encuentran confinadas en sus propias casas o han huido a zonas seguras dentro de Colombia, mientras que otras han cruzado hacia Venezuela en busca de refugio[1][3]. Entre las víctimas se encuentran líderes sociales y excombatientes de las FARC que se habían desmovilizado tras el acuerdo de paz de 2016. Al menos 71 muertos han sido reportados oficialmente, aunque fuentes no gubernamentales sugieren que el número podría ser mayor[1][2].
Impacto en la Infraestructura y la Educación
Además de los desplazamientos, la violencia ha afectado significativamente la infraestructura y los servicios básicos. Ataques como el que destruyó un peaje en la frontera con Venezuela han interrumpido la conectividad y el comercio entre ambas naciones[6]. Asimismo, la educación ha sufrido un severo golpe, ya que cerca de 47.000 niños han quedado sin acceso a la educación debido a la inestabilidad en la región[1][5].
Involucramiento Internacional
La situación ha generado preocupación internacional, y la ONU ha llamado a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger a los civiles[5]. Las Naciones Unidas también han iniciado operaciones de rescate en la zona[2]. Por su parte, Venezuela ha ofrecido asistencia humanitaria a los desplazados que buscan refugio en su territorio[5].
Origines del Conflicto
Control Territorial y Narcotráfico
El conflicto en el Catatumbo se centra en la lucha por el control territorial y el beneficio económico derivado del narcotráfico. El ELN, que ha mantenido una presencia fuerte en la región durante años, busca consolidar su dominio sobre el territorio y expulsar a las disidencias de las FARC, que también están involucradas en actividades ilícitas[3].
Similitudes con Otros Conflictos
Existe una conexión histórica entre las tensions en el Catatumbo y otros conflictos similares en Colombia, como el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca desde 2021. Ambos escenarios comparten características como la disputa por controlar rutas delictivas y la falta de acción efectiva por parte del gobierno para asegurar la protección de la población civil[1][7].
Respuesta del Gobierno y de la Comunidad Internacional
Medidas de Seguridad
En respuesta a la escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro ha ordenado el envío de más de 600 efectivos militares adicionales a la región del Catatumbo y ha decretado el estado de conmoción interior para tomar medidas excepcionales y abordar la crisis humanitaria[2]. Sin embargo, hasta ahora, estos soldados se han enfocado principalmente en asegurar zonas y evacuar civiles del fuego cruzado, sin intervenir directamente en los combates[2].
Apoyo Humanitario
La comunidad internacional ha instado al gobierno colombiano a desarrollar una estrategia integral que incluya medidas de seguridad y justicia, respetuosas con los derechos humanos, para proteger a la población civil[3]. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias han llamado a proporcionar asistencia urgente a las víctimas del conflicto[3].
Desafíos Futuros
Protección de Civiles y Diálogos de Paz
Uno de los desafíos más grandes es garantizar la protección de los civiles y restablecer la confianza necesaria para que los grupos armados puedan considerar seriamente abandonar las armas. La experiencia ha demostrado que la simple presencia militar no es suficiente; se requiere una estrategia más holística que combine la seguridad con el fortalecimiento de la justicia y la cooperación regional para combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Cooperación Regional
La cooperación con países vecinos como Venezuela es crucial para evitar que los grupos armados utilicen la frontera para escapar de la justicia o reorganizarse. La situación ha destacado la necesidad de aumentar la colaboración internacional para abordar el narcotráfico y el terrorismo transfronterizos.
Conclusión
